Hilary Goodfriend *
El 31 de julio, el partido de Bukele utilizó su mayoría calificada legislativa para aprobar una serie de reformas constitucionales en El Salvador que, entre otras cosas, habilitan la reelección indefinida del presidente y extienden su mandato de cinco a seis años. La reforma viene para culminar un proceso progresivo de rehacer al Estado salvadoreño en la imagen del presidente. Vale recordar el “Bukelazo” del 9 de febrero de 2020, en el cual invadió a la Asamblea Legislativa con las Fuerzas Armadas.
Siguió la prolongada crisis constitucional provocada por su conflicto con la Sala de lo Constitucional por los decretos ejecutivos de emergencia y excepción en el marco de pandemia de COVID-19, crisis que no fue resuelta hasta el 1 de mayo de 2021, cuando su nueva mayoría calificada legislativa reemplazó, de manera arbitraria, a los cinco magistrados de la Sala y al Fiscal General de la República.
Los nuevos magistrados procedieron a autorizar la candidatura de Bukele por la reelección presidencial en 2024 por medio de una interpretación constitucional de máxima creatividad, obviando los múltiples artículos que expresamente prohibieron dicho acto. En vísperas de los comicios, la bancada de Bukele impuso una reforma electoral radical que redibujó el mapa de El Salvador, eliminando el 83% de los municipios (de 262 a 44) y reduciendo las escaños legislativas de 84 a 60, a la vez que cambiaron la fórmula matemática de asignación de las escaños para favorecer al partido mayoritario. Estos mismos diputados luego aprobaron un nuevo proceso de reforma constitucional “express”, eliminando el requerimiento previo de ratificación de parte de dos legislaturas consecutivas.
La votación de 2024 fue la primera desde la firma de los Acuerdos de Paz de desarrollarse bajo un régimen de excepción, y Bukele se convirtió en el primer presidente reelegido desde la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez. Pese a la notoria popularidad aparente de Bukele, las medidas revelan una desconfianza profunda en sus bases.
Bukele reorganizó las elecciones generales de 2024 para separar a las municipales de las legislativas y presidenciales, protegiéndose así de la impopularidad creciente entre sus alcaldes y fortificando el voto de sus diputados, tan necesarios para su proyecto autoritario. No fue una preocupación infundada, pues los resultados oficiales demostraron que el presidente tenía mucho más apoyo que su partido. Bukele recibió 2,701,725 votos, mientras sus diputados recibieron 2,200,332. Sus alcaldes recibieron apenas 632,245, pero junto con otros partidos aliados, terminaron controlando todas las alcaldías menos una.
La reciente reforma constitucional responde a una lógica parecida. Además de la reelección ilimitada y el reajuste de los períodos de los mandatos, adelanta la elección presidencial de 2029 para 2027, con el fin de proteger a Bukele del progresivo desgaste que evidencia su presidencia y, sobre todo, su partido. Bukele no puede arriesgar dejar solos a sus diputados en la papeleta.
A diferencia de otros gobiernos del continente que han habilitado la reelección presidencial —como fue el caso de Bolivia o Venezuela, por ejemplo— Bukele jamás ha buscado legitimar sus reformas a través de mecanismos democráticos como el referendo (La constitución salvadoreña no reconoce el referendo, pero tampoco reconocía la reelección presidencial, así que no debe ser justificación por no ensayar con algún instrumento parecido). Todo se decreta de arriba hacia abajo. Al final, se trata de un proyecto profundamente antipopular.
* Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Integrante del GT “El istmo centroamericano”
